Etapas de la Inquisición en Centroamérica (1569-1820)

Etapas de la Inquisición en Centroamérica (1569-1820)

Jorge Eduardo Arellano

END – 17:41 – 26/06/2010

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se implantó a fines del siglo XVI, en el Reino de Guatemala —al que pertenecía la provincia de Nicaragua— funcionando durante más de doscientos años. Sin embargo, su existencia en nuestra tierra es poco conocida y, mucho menos, divulgada. Aparte de dos monografías de autores guatemaltecos (Martín Mérida en el siglo XIX y Ernesto Chinchilla Aguilar en el XX), sólo Alejandro Montiel Argüello y yo le hemos dedicado algunas páginas sustentadas en amplia documentación.

Más que condenarla, nuestro objetivo ha sido comprenderla como lo que era: un baluarte de la ortodoxia católica que, con su aparato represivo, hizo sentir su crueldad en Alemania (sus víctimas allí fueron decenas de miles), Inglaterra (donde los ejecutados se calculan en setenta mil), Portugal y España. La expansión ultramarina de esta potencia llegó a sus virreinatos del Perú y de la Nueva España (México).

El tribunal de Lima

Al respecto, el Tribunal de Lima procesó tres mil casos, siendo 1470 estudiados por el historiador José Toribio Medina; de ellos, 180 fueron mujeres y 157 frailes. Sus causas correspondieron a “Proposiciones” (opiniones mal vistas por la Iglesia sobre puntos concretos de la teología), judaizantes, mahometanos secretos (o moriscos), blasfemias, doctrinas contrarias al sexto mandamiento, bigamia, hechicería y confesores solicitantes de favores sexuales. De los tres mil, 30 perecieron en la hoguera.

Inquisición episcopal

Antes de que se estableciera en México el 25 de enero de 1569, en las provincias del Reino de Guatemala se había autorizados a los obispos y religiosos para ejercer funciones inquisitoriales. Por ejemplo, en 1543 Julián de Contreras, alguacil eclesiástico de León (Viejo), había metido en prisión a seis amancebados, tres hechiceros, dos blasfemos y a un perjuro: un procurador de apellido Herrera. Pero actuaba, sobre todo, contra los moriscos, judíos y luteranos. Significativamente, el 20 de julio de 1564 Felipe II envió una cédula al obispo de Nicaragua, fray Lázaro Carrasco, en la que le instaba a perseguir a los luteranos, de quienes se tenían noticias seguras de que habían arribado a la provincia.

La etapa agresiva

En el Reino de Guatemala la Inquisición, adscrita al tribunal mexicano, tuvo cuatro etapas: la agresiva (1569-1600), la floreciente (1601-1650), la rutinaria (1651-1774) y la revitalizadora (1775-1820). Este año fue abolida para siempre.

Durante su primera etapa, la actividad inquisitorial se concentró en extinguir la herejía luterana, llegando a quemar en Sonsonate, El Salvador, a Guillermo Cornields, un irlandés ex pirata y barbero, de 24 ó 25 años, el único condenado a muerte por el Tribunal de la Nueva España, que haya tenido relación con el Reino de Guatemala. “Su pasado protestante lo mató; no sólo se le condenó como tal, sino como enemigo político que podía contagiar a sus semejantes con ideas peligrosas y subversivas de las sectas disidentes de Roma”, comentó su caso, acontecido en 1574, el historiador Pedro Escalante Arce.

En 1580 se dio otro caso: la denuncia contra Maese Simón, maestro carpintero, en El Realejo, por decir “que no le gustaban las fiestas de la Iglesia porque no se podía trabajar y, además, por haber sido acusado de tener correspondencia con piratas ingleses”. Los últimos detestaban a los españoles por españoles y católicos. Para entonces, ya se le había seguido proceso criminal de oficio por la Justicia Eclesiástica de Granada contra otro maestro carpintero sospechoso de luteranismo, llamado Francisco, natural de Escarpanio, Grecia; y en 1585 fue denunciado en la misma Granada, y también por luterano, el sastre flamenco Enrique. Se ignora el fin que tuvieron el Maese Simón y el sastre Enrique, pero el griego Francisco se retractó, reconciliándose con la Iglesia en enero de 1562.

Otro aspecto de esta etapa agresiva fue la organización de comisarías dentro de las diócesis del Reino, obra del Inquisidor de la ciudad capital de Guatemala, Moya de Contreras, quien proveyó calificadores y demás miembros familiares, además de nombrar a las máximas autoridades de aquéllas en San Salvador, Sonsonate, El Realejo y Granada. Aquí se hallaban pendientes de trámites el proceso a Nicolás Boeto, genovés, “por haber malinterpretado lo que Dios prohibió a Adán en el paraíso”; y la denuncia contra Hernando Sánchez, por malas costumbres y haber dicho que “no era pecado mortal la simple fornicación, pagando”.

Chinchilla Aguilar señala que en 1599 no había población importante de las provincias del Reino —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica— donde existiese ya un Comisario del Santo Oficio; y, por lo menos, “cincuenta personas tenían nombramientos de calificadores, familiares y notarios”.

Las otras etapas

En la primera mitad del siglo XVII, aparte de consolidarse, el Santo Oficio de la Inquisición alcanzó un auge con el incremento de procesos, aunque no se tiene noticias de sus sentencias. Judíos y judaizantes fueron objetos de denuncias. De 1623 data el proceso contra Jerónimo Salgado por judaizante; de 1627 la testificación contra Isabel Mercado por sospechosa de judía; y del mismo año la carta escrita en Granada por Alfonso Ruiz de Córdoba a sus tías María, doña Isabel y doña Felipa por la misma sospecha.

En la tercera etapa, correspondiente a la segunda mitad del XVII, la institución —estabilizada— comenzó a vegetar, reflejando el estancamiento rutinario de la sociedad. Abundaron entonces los delitos religiosos. En la misma ciudad de Granada tuvo lugar en 1579 el proceso contra Gabriel de Artieda “por haber renegado de Dios y de la Virgen”. Cinco años antes se había iniciado otro contra Pedro de Torres por decir “que más valía su dinero que Jesucristo; que la Inquisición era diabólica y otras muchas herejías de palabras y obra”. Contenidos heréticos fueron los de Francisco de Oces en 1765, Juan Franco en 1773 y Ramón Pacheco, carpintero que al arribar al puerto de El Realejo en la fragata “Jesús María” había declarado: “ser Christiano Católico, Apostólico, pero no Romano”. Agregaba Pacheco que no se le debía obedecer al Papa “por no ser español”.

En su cuarta etapa, o sea de finales del siglo XVIII a las dos primeras décadas del XIX, la Inquisición en las provincias coloniales que después formarían las repúblicas de Centroamérica se fortaleció, transformándose en aduana de las nuevas ideas y reafirmándose en celosa defensora del poder monárquico. Por ejemplo, en 1805 José Larios en León fue denunciado por leer el libro Misión de Mahoma; y poco después el tribunal de la Inquisición en Guatemala recibió una denuncia en la cual se avisaba que “entre los géneros y mercancías que llegan a esta ciudad, van introducidas las obras de Voltaire y otros heresiarcas”.

Poder social

Sin duda alguna, el Santo Oficio cumplía a cabalidad sus funciones conformando un poder social dentro de la mentalidad de su tiempo, obstinado en defender la pureza de la fe, sin dejar de ser en sus métodos cruel y bárbaro. Más aún, como afirma Salvador de Madariaga, “el Santo Oficio fue generalmente aplaudido en América”. Incluso sería exaltado en prosa y cantado en verso. Pedro de Oña lo hizo en Chile: “¡Oh tribunal sublime, recto y puro / En que la fe cristiana se acrisola”.

Por tanto, no es extraño que en el Reino de Guatemala pertenecer a la Inquisición como Comisario, Notario, etc., fuese de gran prestigio para los estamentos superiores de la colonia: españoles y criollos, únicos que podían ingresar a su aparato. Por eso, asimismo, las “pretensiones” para obtener el cargo de Comisario eran más que numerosas, resultando imposible elaborar una lista completa correspondiente a los avecindados o nacidos en la provincia de Nicaragua.

Los curas Briceño y Chamorro

Citaré, al menos, dos ejemplos. Primero: el del presbítero y cura del Sagrario de la Catedral de León, Juan Diego de Galarza y Briceño, natural de la misma ciudad, que en 1796 tenía 46 años y entre sus principales méritos figuraba haber sido nombrado el 13 de abril de 1792 Notario, Revisor y Expurgador de Libros, “concediéndole todas las gracias, honras, privilegios y exenciones que debía gozar”. Y segundo: el del cura de Granada, Juan Antonio Chamorro, quien en 1803 envió dos cartas y un “Memorial” a los Inquisidores de Granada. El Comisario Pedro Brizzio reenvió dichos documentos a México. Chamorro ofrecía desempeñar la Comisaría del Santo Tribunal no sólo en la ciudad, sino en los pueblos de los alrededores “a menos de veinte leguas de distancia”. Por ser miembro del estrato superior de su ciudad, obtuvo el cargo.

Delitos religiosos y sexuales

Los indios estaban fuera de la jurisdicción del Santo Oficio. Y la mayoría de las denuncias fueron delitos religiosos, sexuales y casos de hechicería o “maléficas”. La tipificación de los primeros es amplia: blasfemia, reniego, profanación de lugares y objetos sagrados, violaciones de prohibiciones, fingirse sacerdote, palabras irreverentes y, sobre todo, proposiciones heréticas. El cura de Managua Diego de Gamboa expuso una de ellas en 1763: “que los sacerdotes clérigos se podían casar, y que los hijos que tuviesen no eran sacrílegos”.

Respecto a los delitos sexuales, se destacaba la bigamia. Por “casado dos veces” se acusó en 1735 a Esteban Corella, “mulato, color de rapadura y vecino de Comayagua” (Honduras). Corella se había casado con una “fulana Alegría” en Acoyapa y con otra, llamada Lorenza, en Comayagua. Casos de poligamia fueron escasos, lo mismo que de sodomitas, como fue el de Joseph Manuel Virto y Joseph Gregorio Ibarra (“Los Chepes”), quienes en 1786 fueron procesados en Rivas “por estar maculados por el pecado nefando contra natura”.

Un antecedente de este caso, acontecido en León Viejo en 1536, fue el del homosexual Andrés Caballero, quemado vivo por orden del alcalde Diego de Tapia, muchísimo antes de que se fundase formalmente la Inquisición. Caballero era amigo íntimo de Francisco de Castañeda —heredero del poder de Pedrarias— en cuya casa, contiguo a la de Caballero, había un postilo y puerta de comunicación.

Casos de hechicería

En relación a los casos de hechicería, es preciso consignar la testificación al fiscal del Santo Oficio en 1683 contra Juana Díaz, mestiza, y Josefa Isabel, su hija, “por brujas”; y la denuncia y ratificación en 1721 de Cristóbal de Villagra contra Juan Gutiérrez, español, por haber obtenido unos polvos para unirse carnalmente con Francisca de Mena. Villagra era un mulato esclavo perteneciente al sargento mayor Melchor Fajardo, vecino de Granada.

Es necesario referir que en estos casos de hechicería se veían involucrados los indígenas, a quienes —repito— excluía legalmente la Inquisición. Su pensamiento mágico ancestral —una de las herencias que fundida a la española, conformaron la mentalidad popular— era la causa de ello. Un caso correspondiente a 1797, incluyó a Luis Bravo, “de calidad indio”, a quien acusaban de supersticioso.

Diez años atrás, procedentes de Cartago, Costa Rica, el asesor de León, licenciado Enrique del Águila, fue consultado sobre uno de esos tantos delitos de hechicería. El proceso había comenzado a tramitarse el 28 de septiembre de 1775 contra María Francisca Portuguesa y Petronila Quesada, a quienes se les acusaba de brujas o hechiceras y a la primera de tener “ilícita amistad” con Matías Quesada, hermano de la segunda. La Portuguesa, según el informe del Águila que despreocupaba a los vecinos, “tenía unos calabazos de polvos; la segunda, que habiéndose concertado con la primera para huírse, estando escondidas cantó un animal, al que le habló, y le dijo a la compañera que este animal le advertía cuando hablaban de ella y le avisaba que aquella noche venía su hermano por ella”.

Resumen

Durante los tres siglos que duró la dominación española en nuestro continente, según el mismo Madariaga, no pasaron de cien quienes fallecieron a consecuencia de los tormentos físicos y morales ordenados por la Inquisición. Costó, en suma, muchísimas menos vidas que en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX, cuando perecieron 3,839 personas linchadas, sin la menor garantía de justicia o caridad. No por ello el llamado Santo Oficio dejó de ser responsable de sufrimientos abominables.

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